Trabajadores despedidos, estudiantes y organizaciones sociales marcharon por las calles de Quito para exigir respeto a la Corte Constitucional y para rechazar las medidas del gobierno de Daniel Noboa, incluida la reducción de ministerios y secretarías que dejó fuera a cerca de 5.000 servidores públicos. La movilización también denunció la informalidad laboral, el aumento del desempleo y la falta de acceso a la vivienda.
Por Ángela Lascano D. / @AngelaILD
Bajo el sol de la tarde del pasado jueves 14 de agosto, los tambores y las consignas resonaron desde el parque El Arbolito, en Quito. Trabajadores despedidos, estudiantes, petroleros y representantes de la cultura avanzaban por las calles de la capital con carteles en mano. La caminata siguió rumbo hacia la Corte Constitucional y se cerró frente a la Embajada de Israel, en una jornada que juntó la denuncia contra las políticas de Daniel Noboa y el repudio al genocidio en Gaza, Palestina.
La marcha del jueves fue la quinta manifestación contra el gobierno de Noboa desde su rechazo a la decisión de la Corte Constitucional. Aunque no fue masiva —unas 500 personas—, reunió a sectores golpeados por medidas recientes que anunciaron que continuarán marchando todos los jueves como parte de una estrategia de organización sostenida.
Inicialmente, Leonidas Iza, expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), convocó a la movilización por las calles de Quito durante la tarde y noche. A diferencia de marchas anteriores, esta jornada no estuvo marcada por la presencia de colectivos o sindicatos con sus líderes a la cabeza, sino por grupos de trabajadores públicos despedidos, extrabajadores del sector cultural, organizaciones estudiantiles y otras agrupaciones sociales. La Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) también participó en la protesta.
Una respuesta a las políticas de Noboa
La movilización fue una respuesta directa a tres frentes de política gubernamental: la presión sobre la Corte Constitucional, la reducción del número de ministerios y secretarías —que implicó el despido de alrededor de 5.000 servidores públicos— y la profundización de medidas señaladas como neoliberales por los manifestantes.
El 5 de agosto, la Corte Constitucional suspendió 17 artículos de tres leyes impulsadas por Noboa: la de Inteligencia, la de Solidaridad Nacional y la de Integridad Pública. La suspensión es temporal, hasta que la Corte analice las 23 demandas de inconstitucionalidad que pesan sobre ellas. Los demandantes han advertido que las dos últimas no califican como económicas urgentes y que contienen artículos que vulnerarían derechos relacionados con la niñez y adolescencia, la libertad de expresión, la intimidad y la privacidad.
Como respuesta, el presidente marchó el 12 de agosto hacia la Corte Constitucional acompañado de un grupo de simpatizantes entre los que figuraban varios funcionarios de alto rango, entre ellos, el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, y algunos ministros de Estado. Ese día, Quito amaneció cercada con vallas y pantallas gigantes que exhibían mensajes contra los nueve jueces de la Corte, responsabilizándolos de la inseguridad en el país. Según se informó inicialmente, las vallas fueron financiadas por el colectivo Ecuador Merece Paz. Aunque la vocera de Gobierno, Carolina Jaramillo, afirmó que no se trataba de publicidad gubernamental, el 14 de agosto Diario Expreso reveló que el boletín de prensa difundido el 7 de agosto por el colectivo fue elaborado en un archivo Word cuyos metadatos registran como autora a “Cristina Maggi”, nombre que coincide con el de María Cristina Maggi Gordón, directora de Comunicación Coyuntural de la Presidencia de la República.
La movilización organizada por el oficialismo contó con la participación de personas provenientes de otras provincias. Según datos de la Agencia Metropolitana de Tránsito, al menos 733 autobuses con manifestantes entraron a la ciudad.
“Este gobierno cree que con su postura nos va a amedrentar. Es lamentable que, con actos racistas y antidemocráticos, intenten intimidar a la Corte Constitucional, que únicamente cumple con lo que establece la Constitución; para eso existe este organismo”, manifestó Nelson Atupaña, de Ecuarunari, durante la marcha de este 14 de agosto. “Este gobierno corrupto, fascista y antidemocrático debe saber que respaldamos plenamente a los nueve jueces de la Corte y estamos vigilantes para que se respeten nuestros derechos”, agregó.
“Estamos aquí por todas las políticas neoliberales y por la violencia del gobierno hacia nosotros”, denunció una representante estudiantil de la Universidad Central. “Estamos en esta marcha para defender nuestros derechos, que están en peligro con este gobierno, y en respaldo a los trabajadores”.
Con el Decreto 60, Noboa redujo en un 41 % las carteras de Estado: los ministerios pasaron de 20 a 14 y las secretarías, de 9 a 3. Entre las fusiones, el Ministerio de Cultura y Patrimonio pasó a integrarse al de Educación; el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda se integró al de Obras Públicas y el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos se unió al de Gobierno. Entre los casos más polémicos está la fusión del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica con el de Energía y Minas.
“Nos han querido tachar como ineficientes, vagos, pero no es verdad”, dijo una exfuncionaria, despedida en el reciente recorte estatal. “Nuestro error más grande fue ser parte de una entidad pública. Queremos unirnos a estas manifestaciones para que se respete el derecho al trabajo”.
Su experiencia refleja un panorama más amplio del mercado laboral en Ecuador. En mayo de 2024, la tasa de desempleo era de 3,6%, y un año después, en mayo de 2025, alcanzó el 4,1%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Además, más de la mitad de los trabajadores del país (51,8%) continúa en el sector informal, lo que evidencia la precariedad laboral que afecta a gran parte de la población.
Un trabajador petrolero también denunció los despidos en Petroecuador: “Casi 1.000 trabajadores han sido despedidos a dedo, sin ningún tipo de evaluación ni examen previo, y eso ha provocado que muchísimos campos del sector petrolero en el Oriente ecuatoriano hayan dejado de operar”. Solo en menos de tres meses, 1.256 trabajadores fueron desvinculados de la empresa, incluidos 930 entre el 8 y el 9 de agosto. La compañía justificó los despidos argumentando “distorsiones salariales” frente a los estándares de mercado.
Los despidos, advirtió el trabajador, también afectan el abastecimiento: “En El Coca no tenemos diésel ni extra; los recursos naturales nos pertenecen a todos y no se deben privatizar”. La producción petrolera del país ha caído a mínimos históricos en los últimos meses: el 12 de julio se reportaron 39.133 barriles diarios, frente a los 369.598 del 1 de julio, una caída del 89 %. El cierre del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), debido a la erosión regresiva del río Coca, obligó a apagar pozos clave en la Amazonía y a suspender exportaciones.
En el ámbito de vivienda, el Contrato Social por la Vivienda, una iniciativa ciudadana que busca garantizar el derecho a la vivienda, la ciudad y el hábitat, criticó la fusión del Ministerio de Vivienda con Obras Públicas. “Es un sinsentido en un país donde no hay acceso a la vivienda; aquí la vivienda se trata como un proyecto financiero”, señaló la organización. “La próxima semana estaremos entregando una comunicación al Presidente de la República y una carta abierta para llamar la atención sobre este tema, y convocamos a todos a estar pendientes”.
La crítica se sustenta en cifras preocupantes: según una encuesta reciente impulsada por Children International y Empleo Joven Ecuador, el ingreso mensual promedio de los jóvenes ecuatorianos, afectado por la alta informalidad y el desempleo, es de apenas $189,6, muy por debajo del salario básico unificado, lo que limita sus oportunidades de desarrollo personal y profesional y dificulta acceder a una vivienda propia. Además, los datos del Censo de Población y Vivienda 2022 muestran que el 39 % de la población carece de vivienda propia, un aumento de tres puntos porcentuales en diez años.
“Mantenernos vigilantes”
La protesta del jueves 14 de agosto se produjo a cuatro meses de la consulta popular convocada por Noboa para el 14 de diciembre de 2025, que incluye reformas polémicas como permitir bases militares extranjeras, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y someter a juicio político a los jueces de la Corte Constitucional.
“Aquí nos moviliza la rabia para buscar un futuro digno para nuestros guaguas, para que tengan estudio, agua y derechos”, manifestó una mujer vestida como la Virgen del Panecillo, con un bebé de juguete en brazos. “Esta es la representación de la muerte de nuestras infancias, de las personas que salen a la calle a buscar una vida digna y resultan muertas por la violencia del narcoestado en el que vivimos actualmente. Aquí estamos sin que nadie nos haya pagado ni un centavo”.
Los sectores que marcharon anunciaron que esta jornada fue solo el inicio de una movilización sostenida y de la creación de una asamblea popular permanente. “Necesitamos organizarnos lo más ampliamente posible, sin sectarismos, para impedir el fraude y ejercer control electoral en la consulta que se avecina”, dijo uno de los manifestantes durante la Asamblea.
El país enfrenta además un escenario social y laboral complejo: desempleo del 4,1 % y 51,8 % de informalidad laboral; violencia récord, con 4.557 asesinatos en el primer semestre, un 22 % más que en 2023, y 294 niños y adolescentes asesinados en seis meses, un aumento del 50 % respecto al año anterior.
Manifestación por Palestina
La jornada cerró frente a la Embajada de Israel con consignas contra el genocidio cometido en Gaza. Activistas recordaron la reunión del presidente Noboa con Benjamín Netanyahu, en mayo, y denunciaron las más de 80.000 muertes palestinas estimadas por estudios internacionales.
En memoria de las víctimas, se colocaron vestidos de bebés frente a las vallas y se quemó un retrato de Netanyahu, mientras que una mujer, en representación de las madres palestinas, lloraba por las vidas perdidas.
Desde lo alto del edificio, los funcionarios de la embajada cerraron las cortinas.
