Por Iván Ulchur-Rota
El ecosistema de las islas Galápagos es tan frágil como espectacular. Durante siglos, su aislamiento geográfico permitió que especies únicas evolucionaran sin depredadores ni competencia, pero también sin defensas frente a cambios abruptos. Por eso, cualquier alteración —por mínima que parezca— puede generar consecuencias irreversibles. Ese sería el caso si se concretara la instalación de una base militar extranjera en las islas.
Aunque todavía no hay certezas, las decisiones del gobierno ecuatoriano sugieren ese plan. El presidente Daniel Noboa ha propuesto desde hace meses modificar la Constitución para permitir la instalación de bases militares extranjeras en el país, bajo el argumento de que se necesita cooperación internacional para combatir el crimen organizado y el narcotráfico. La reforma correspondiente ya fue aprobada por la Asamblea Nacional el 3 de junio de 2025, con 82 votos a favor. Sin embargo, aún no ha sido remitida oficialmente a la Corte Constitucional, lo que ha retrasado el inicio del proceso para convocar el referéndum. Según la normativa ecuatoriana, tras la aprobación legislativa, el proyecto debe recibir un dictamen favorable de la Corte en un plazo de hasta 20 días y luego debe ser convocado a referéndum dentro de los siguientes 45 días.
La ambigüedad de los términos empleados y la falta de transparencia han generado alarmas en múltiples sectores. Galápagos ya ha estado en el centro de tensiones similares antes. En 2019, el entonces ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, calificó al archipiélago como un “portaaviones natural” para operaciones militares estadounidenses, lo que desató una fuerte reacción pública. La posibilidad de reabrir esa puerta, ahora en un contexto de creciente militarización regional, revive temores sobre el impacto ambiental, la pérdida de soberanía y la subordinación del país a intereses geopolíticos ajenos.
Los riesgos ecológicos son serios. El tránsito de aviones, buques de guerra, armamento y personal militar podría alterar los ya frágiles equilibrios biológicos. Científicos del Parque Nacional Galápagos y de la Fundación Charles Darwin han advertido que el ruido, la contaminación del agua y del aire, la introducción de especies invasoras y el aumento del tráfico humano no controlado podrían poner en peligro a especies endémicas cuya supervivencia ya está comprometida por el turismo masivo, el cambio climático y el tráfico ilegal de fauna, como el de aletas de tiburón. Una base militar no solo contradice los principios de conservación que rigen la Reserva Marina, sino que podría provocar daños irreversibles en uno de los ecosistemas más emblemáticos del planeta.
Esta condición ha sido reconocida internacionalmente: en 1978, el archipiélago fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco y su protección implica controles ambientales estrictos, que van desde la desinfección de turistas al moverse entre islas hasta la limitación del ingreso de productos orgánicos. Por eso, cualquier intervención de gran escala, como una base militar, genera preocupación inmediata.
Más allá del impacto ecológico, la propuesta plantea interrogantes graves sobre soberanía. El artículo 5 de la Constitución de Montecristi prohíbe explícitamente la instalación de bases extranjeras en Ecuador, una disposición establecida tras el cierre de la base estadounidense en Manta en 2009.
Revertir esa decisión sería, según juristas y defensores de derechos humanos, un retroceso significativo. El constitucionalista Ramiro Ávila advirtió que permitir bases bajo el pretexto de combatir el crimen podría convertirse en un caballo de Troya para entregar espacios estratégicos a potencias extranjeras.
En el contexto internacional, Galápagos representa un enclave geoestratégico clave en el Pacífico sur. Su ubicación convierte al archipiélago en un punto ideal para operaciones de vigilancia regional, control de rutas marítimas y contención de rivales como China, cuya creciente presencia en América Latina —en puertos, telecomunicaciones e infraestructura— preocupa a Washington. Esto también es un problema para el país, ya que Ecuador podría estar ingresando en una disputa entre potencias, sin condiciones para negociar en beneficio propio.
Las especies nativas y endémicas de Galápagos son estudiadas por las adaptaciones que, a lo largo de millones de años, les han permitido sobrevivir. Son la expresión de la resiliencia de la naturaleza.
Ahora, sin embargo, enfrentan amenazas más dramáticas que las de cualquier depredador natural. La pesca ilegal y el turismo sin regulación ya han puesto en jaque la situación de muchas especies en las islas habitadas. Una base militar podría agravar aún más esta vulnerabilidad.
La instalación de una base extranjera en Galápagos, aún solo en propuesta, representa una amenaza directa a la biodiversidad, la soberanía nacional y el tejido social del país. La lucha contra el crimen organizado es urgente, pero no puede usarse como pretexto para debilitar principios constitucionales ni comprometer el patrimonio natural más valioso del Ecuador. Fortalecer las instituciones civiles y ambientales debe ser la prioridad. En Galápagos, cada decisión pesa como un legado histórico —y como una promesa futura.
