Por Ricardo Narváez y Diego Maldonado*
El arquitecto japonés Shigeru Ban –antes de adjudicarse el premio nobel de la arquitectura Pritzker en el 2014– dijo que “los terremotos no matan gente, pero el colapso de los edificios sí”. Una edificación vulnerable convierte el evento natural en un verdadero desastre. Penosamente, esta realidad una vez más se desnuda tras el evento sísmico del pasado 16 de abril, en Ecuador.
Se han reportado más de 100 personas rescatadas de los escombros de todo tipo de edificaciones que se desplomaron por la intensidad del sismo. Lamentablemente, más de 600 personas han fallecido, más de 12 000 resultaron heridas y alrededor de 130 aún continúan desaparecidas. Este dato es mucho más dramático si reconocemos que Manabí tiene una densidad relativamente baja de 74 habitantes por cada kilómetro cuadrado. (74,44 para ser más precisos). Es que el terremoto transformó la estructura física, económica y social de muchos centros poblados de Manabí y particularmente de Pedernales, Canoa y Jama.
Pero, hace menos de 20 años, Bahía de Caráquez fue el epicentro de otro terremoto de 7.1 grados, del cual resultó también muy afectada la población de Canoa. Dos décadas después es urgente preguntarnos: ¿Aprendimos la lección?
Tres factores principales aportaron significativamente a que las construcciones se hayan afectado de tal manera durante el terremoto: la pobreza, la cultura y la institucionalidad.
La pobreza se produce y reproduce sobre construcciones deficitarias. Esto se traduce en reducción de cantidad y calidad de materiales, uso incorrecto de los elementos, ausencia de estudios técnicos y uso de mano de obra no calificada para la construcción. Todo esto representa un ahorro importante en la construcción de su vivienda pero también el vaticinio de un desastre.
Sin embargo, lo irónico es que entre los afectados por este sismo, también se encuentra la otra cara de la moneda: digamos que nos empieza a ir bien económicamente y hemos salido de la pobreza material gracias al empeño que pusimos en nuestro negocio hotelero, entonces ampliamos nuestro edificio con uno, dos o mejor tres pisos adicionales a la estructura original para triplicar la capacidad de atención. Y, claro, como esto no fue planificado, se mantienen los cálculos originales iniciales (eso en el caso de que esos cálculos existieran). Así aflora nuestra pobreza –por llamarla de alguna manera– cultural: no importan los riesgos si de hacer más dinero se trata.
Vivimos el sueño de tener una casa ‘de cemento’. Esta costumbre tan arraigada en el mundo occidental urbano da la espalda a las técnicas ancestrales que, paradójicamente, fueron las que más se mantuvieron de pie el pasado 16 de abril. Este imaginario aspiracional induce hacia el uso de una técnica constructiva costosa y compleja de entender. Transformar este imaginario es una deuda permanente que tienen los entes competentes con la sociedad, y la sociedad consigo misma.
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados son también grandes responsables al permitir que se construya este tipo de edificaciones. Se debe recuperar el control sobre el desarrollo urbano y arquitectónico de los territorios que administra cada uno de los GAD. Son estas entidades las que deben asumir la responsabilidad sobre la calidad de las edificaciones. Se debe exigir el cumplimiento de las normas constructivas, se debe regular su crecimiento y su uso. El no hacerlo, sobre todo en una zona como Manabí, es indolente.
Todos estos factores también fueron evidentes en 1998 y esta vez, lamentablemente, nos costó la vida de centenares de personas y la paz de miles de familias más.
¿Lecciones aprendidas?
El riesgo de una población está determinado por el tipo de amenaza a la que está expuesta y por la vulnerabilidad en la que se encuentra el asentamiento humano al momento del evento. Si no podemos cambiar el primero, concentrémonos en conseguir lo segundo.
Si somos conscientes de que vivimos sobre terrenos con alta actividad sísmica, las políticas públicas de la gestión de riesgos deben priorizar ejes transversales que permitan reducir la vulnerabilidad de poblados con amenazas de sismos en todo el país.
El gobierno central priorizó la inversión en Jama y Pedernales, entonces habrá que evaluar los resultados a corto plazo de esta inversión y revisarla con la nueva transversalidad de manejo del riesgo. Hay que diseñar indicadores de vulnerabilidad por amenazas de desastres.
Los sismos deben ser tomados en serio, tal como se trata al fenómeno de El Niño. ¿Cuándo vamos a terminar de aceptar nuestro riesgo sísmico? Esa debería ser la preocupación principal de la función pública, saber construir una eficiente institucionalidad e infraestructura para enfrentar los sismos. Mapas, infraestructura, capacitación, regulación, Plan de Ordenamiento Territorial (Pdot), vinculado a sismos.
La normativa actual (Ley de Suelo, Hábitat y Vivienda y la Norma Ecuatoriana de la Construcción) no priorizan las construcciones realizadas con las técnicas que mejor resistieron al sismo: caña y madera. Es necesario construir normativa técnica que permita tener casas sismorresistentes, avaladas por el gobierno local correspondiente, fabricadas con caña, madera, bahareque, mixta u otros elementos similares.
Nos levantaremos, ¡sí! Y lo haremos como lo hemos hecho siempre ante cualquier desastre. Pero hay que aprender del pasado, de nuestros errores, para volvernos a alzar, más fuertes, más grandes y solidarios que nunca.
*Ricardo Narváez y Diego Maldonado son arquitectos constructores con experiencia en análisis y evaluación de políticas sociales y urbanas. Especializados en desarrollo urbano, asentamientos irregulares, políticas de vivienda de interés social y políticas de suelo.